Las sanciones contra Cuba son un paso sólido para tomar medidas enérgicas contra los facilitadores del régimen de Maduro.
Por Ana Quintana | BLes
La administración Trump dio el lunes, 4 de marzo, el paso histórico de implementar las sanciones contra Cuba.
Específicamente, la administración está permitiendo temporalmente a los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron robados por el régimen castrista que entablen acciones legales.
Del 19 de marzo al 17 de abril, los estadounidenses podrán demandar a 205 compañías cubanas que son propiedad y/o están operadas por los servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos.
Penalizar al régimen cubano sirve a dos propósitos en este momento. Aborda la antigua cuestión de las reclamaciones no indemnizadas, y también castiga al régimen por el papel desestabilizador que ha desempeñado durante mucho tiempo en Venezuela.
Las sanciones contra Cuba fueron codificadas originalmente en 1996 bajo la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, pero desde su promulgación, las administraciones de los Estados Unidos han suspendido la aplicación del componente de sanciones de la ley, conocido como Título III.
La plena aplicación de la ley permitiría a los estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas sin compensación por el régimen castrista entablar acciones legales contra cualquier compañía extranjera que opere dentro de Cuba.
Las acciones del lunes constituyen una aplicación parcial, ya que sólo se pueden entablar acciones legales contra las empresas del régimen cubano que figuran en la Lista Restringida de Cuba de Estados Unidos.
Según el Departamento de Estado, cada una de estas empresas está “bajo el control de, o actuando para, o en nombre de, los servicios o el personal militar, de inteligencia o de seguridad cubano, con los cuales las transacciones financieras directas beneficiarían desproporcionadamente a dichos servicios o personal a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba”.
Valorada en casi 8.000 millones de dólares, la confiscación ilegal de bienes y activos estadounidenses por parte de Cuba es considerada como la “mayor apropiación no remunerada de bienes estadounidenses por parte de un gobierno extranjero en la historia”.
El valor total de los bienes robados por el régimen es aún mayor, ya que estas cifras no incluyen a los ciudadanos estadounidenses que eran ciudadanos cubanos en el momento de la apropiación de sus bienes.
El momento del anuncio del lunes debería enviar un fuerte mensaje a los regímenes de Cuba y Venezuela, y a la comunidad internacional que trabaja para resolver la crisis de Venezuela.
La Habana ha jugado un papel clave en el colapso de Venezuela. A cambio de petróleo y otros recursos, Cuba ha dotado al régimen de Nicolás Maduro en Caracas de un estado policial de clase mundial.
En toda Venezuela, Cuba ha protegido a Maduro con una red de oficiales de inteligencia, asesores políticos y oficiales de seguridad. Los cubanos han compartido sus “mejores prácticas”, que han permitido la longevidad de su propio régimen.
Algunos creen falsamente que el lento goteo de deserciones de los militares venezolanos indica que Maduro sigue teniendo un fuerte apoyo. La explicación más probable tiene sus raíces en el extenso sistema de contrainteligencia de Cuba dentro de Venezuela.
Las deserciones y traiciones tienen un alto costo, no sólo para los militares, sino también para las familias que quedan atrás. Venezuela es actualmente el país del hemisferio occidental con más presos políticos de todos los países, incluso más que Cuba.
A pesar del peligro de hacerlo, casi 600 soldados y 11 diplomáticos han desertado. Ahora reconocen públicamente la legitimidad del presidente interino Juan Guaidó.
Lograr que Maduro se retire requiere que sea más costoso para Cuba seguir permitiendo su dictadura.
Las recientes acciones de Estados Unidos demuestran que su política es correcta al vincular ambos temas. Ahora es el momento de que los socios y aliados internacionales también aumenten la presión.
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